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Proyecto de ley S-1881/19 (17 JUL) declara de interés nacional la explotación no convencional de hidrocarburos (art. 1) con el objeto de promover y desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento sustentable de las explotaciones y de las áreas urbanas correspondientes (art. 2), y crea el Consejo de Actividad Hidrocarburífera No Convencional (art. 3), que tendrá, entre otras, las siguientes funciones: a) realizar nueva infraestructura y adecuar la existente en las zonas de explotación; b) promover la actividad económica priorizando los desarrollos locales; c) realizar un relevamiento periódico de los datos migratorios de la zona.

Proyecto de ley S-1644/19 (17 JUL) autoriza a toda persona humana o jurídica domiciliada en la República Argentina a solicitar permisos para explorar y explotar con fines comerciales minerales ubicados en el espacio ultraterrestre (art. 2) y al Poder Ejecutivo Nacional a suscribir acuerdos sobre cooperación en la exploración y explotación minera en el espacio con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras (art. 12).

Proyecto de ley D-3030/19 (18 JUN) establece: a) creación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, única responsable de todos los planes nacionales relacionados a la exploración, extracción, transporte y refinación de hidrocarburos (art. 1); b) expropiación de los edificios, oleoductos, refinerías y tanques de almacenamiento afectados a la producción de hidrocarburos y de propiedad de empresas que ocupen a más de 100 trabajadores (art. 8); c) control obrero sobre la exploración, extracción, producción, refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos (art. 14); d) los yacimientos de hidrocarburos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio del Estado nacional (art. 26).

Ley 3651 (BO 5353, 21 MAY 19) establece que los recursos naturales del territorio de la provincia, como son los yacimientos hidrocarburíferos y minerales, no pueden ser considerados como garantías de bienes de cambio en las operaciones financieras que lleve adelante el Gobierno nacional con organismos y entidades extranjeros en las formas de empréstitos, deuda, emisión de bonos del tesoro nacional u otras afines.

Proyecto de ley S-883/19 (16 ABR) establece: a) los yacimientos mineros o las minas son bienes del dominio público del Estado nacional o de los Estados provinciales según el territorio en el que se encuentren (art. 1); b) el Estado nacional o los Estados provinciales pueden explorar y explotar minas e industrializar y comercializar el producto (art. 2).

Decreto 485 (BO 30824, 01 ABR 19) autoriza a la empresa Petrolera El Trébol a realizar tareas de perforación y fracturación hidráulica en el área denominada Puesto Rojas a efectos de evaluar la formación Vaca Muerta y determinar la viabilidad de la explotación de hidrocarburos no convencionales en el extremo norte de la cuenca Neuquina. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) se encuentran en estado de alerta y piden que se prohíba en todo el territorio provincial la técnica de la estimulación o fracturación hidráulica ("fracking").

Proyecto de ley D-830/19 (20 MAR) autoriza expresamente al Estado nacional y a las Provincias a explotar y disponer de los recursos naturales (art. 1); declara de interés estratégico para el desarrollo nacional a la actividad minera (art. 2), y crea la empresa federal de minería bajo la denominación de Yacimientos Mineros Federales Sociedad Anónima (art. 3), la cual desarrollará su actividad en el marco de la política minera federal que la Nación y las Provincias concerten en el Consejo Federal Minero (art. 4).

Ordenanza 1071/19 (BO 30814, 18 MAR 19) establece que el departamento es un municipio libre de la técnica denominada fractura hidráulica (art. 1) y prohíbe en el territorio la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales (art. 4).

Proyecto de ley D-89/19 (06 MAR) establece: a) es responsabilidad compartida del Gobierno y la sociedad la resolución oportuna de conflictos o choques de intereses vinculados a la tutela de valores ambientales (art. 3); b) el procedimiento obligatorio de mediación ambiental, previo a todo juicio, promoverá la comunicación directa entre las partes sobre discrepancias relacionadas con la percepción, prevención o reparación de un daño ambiental, o con el manejo de recursos naturales (art. 4); c) creación del Registro de Mediadores, cuya constitución, organización, actualización y administración será responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación (art. 17).