Observatorio de Conflictos por Recursos Naturales (OCRN)

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2422-6939
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Política

En esta página se recogen en orden cronólogico y de forma sucinta los lineamientos generales de algunos proyectos legislativos de interés, con vigencia para su tratamiento parlamentario, con objeto de obtener una representación aproximada del estado actual del debate en el nivel político en lo atinente a la actividad extractiva.

Al respecto, cabe recordar: a) todo proyecto de ley que no obtenga sanción en una de las cámaras del cuerpo deliberativo durante el año que inicia cada 01 MAR (art. 63, CN) o en el siguiente se tendrá por caducado; b) si obtuvo sanción en alguna de ellas en ese término, éste se prorrogará un año (art. 1, Ley 13640, BO 16488, 05 NOV 49).

En orden a lo expuesto, únicamente se consignan proyectos que han sido girados para su estudio, o bien a las comisiones de Energía y Combustibles; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; o Minería, de la Cámara Baja, o bien a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; o Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Cámara Alta, a las cuales corresponde dictaminar, dentro de sus ámbitos lógicos de competencia, sobre todo asunto vinculado al aprovechamiento de los yacimientos de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, al régimen de la producción minera, y a la utilización racional e integral de los recursos naturales.

Origen en la Cámara Baja

  1. Proyecto de ley D-368/18 (06 MAR) prohíbe en todo el territorio nacional la actividad minera de sustancias metalíferas correspondientes a la primera categoría establecida en el Código de Minería, en la modalidad a cielo abierto y con la utilización de toda sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa. La prohibición se extiende a todas sus etapas, constituidas por prospección, exploración, preparación, explotación y almacenamiento de sustancias minerales.

  2. Proyecto de ley D-1242/18 (21 MAR) crea el Programa Nacional para el Desarrollo de la Biominería (PRONADEBI). Declara de interés público a la biominería por el uso de microorganismos en diferentes aspectos de la explotación de los minerales, abarcando desde la concentración de las especies de interés, la recuperación de los elementos presentes en ellas, hasta su acción en tareas de remediación ambiental contempladas en las normativas referidas al cuidado y preservación del medioambiente.

  3. Proyecto de ley D-1630/18 (04 ABR) dispone que las actividades que integran la industria y comercialización del gas licuado de petróleo en el territorio nacional constituyen un servicio público. Asigna al PEN la tarea de fijar un cuadro tarifario y establecer un sistema de distribución y comercialización que garantice la universalidad del servicio de gas licuado de petróleo para todos los usuarios finales que no tengan acceso al servicio de gas natural por redes.

  4. Proyecto de ley D-1660/18 (04 ABR) declara servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo. Asigna al PEN la tarea de fijar una tarifa que garantice la universalidad del servicio para todos aquellos quienes no tengan acceso al servicio de gas natural por redes.

  5. Proyecto de ley D-1874/18 (11 ABR) declara de interés público la extracción, producción, comercialización y distribución de carbón mineral para generación de energía eléctrica y uso industrial en el país. Deja en suspenso en Yacimientos Carboníferos Río Turbio por veinticuatro meses cualquier reestructuración de la empresa y retrotrae la planta de trabajadores al día 01 ENE 18.

  6. Proyecto de ley D-2204/18 (19 ABR) prohíbe la actividad minera de sustancias correspondientes a la primera categoría, bajo la modalidad a cielo abierto que: (a) por su escala de producción deba efectuar el movimiento de grandes volúmenes de suelo o el consumo de grandes volúmenes de agua, provocando alteraciones geológicas tales que modifiquen en forma desproporcionada las sales y minerales disueltos en las cuencas hídricas circundantes; (b) utilicen toda sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa.

  7. Proyecto de ley D-2314/18 (24 ABR) crea la empresa Minería Nacional S.A. (MINA S.A.), la que tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración, explotación, transporte, almacenamiento, fundición, refinación, industrialización y comercialización de las sustancias minerales y sus derivados. La sociedad podrá realizar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero.

  8. Proyecto de ley D-2639/18 (04 MAY) crea la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), única empresa autorizada a ejercer el control estratégico de los hidrocarburos sobre el territorio nacional (art. 1), y establece el control obrero mayoritario sobre la exploración, extracción, producción, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos (art. 10).

  9. Proyecto de ley D-7199/18 (15 NOV) declara de interés nacional a las actividades de exploración, explotación, industrialización y comercialización del litio en el territorio de la Nación argentina.

  10. Proyecto de ley D-89/19 (06 MAR) establece: a) es responsabilidad compartida del Gobierno y la sociedad la resolución oportuna de conflictos o choques de intereses vinculados a la tutetal de valores ambientales (art. 3); b) el procedimiento obligatorio de mediación ambiental, previo a todo juicio, promoverá la comunicación directa entre las partes sobre discrepancias relacionadas con la percepción, prevención o reparación de un daño ambiental o del manejo de recursos naturales (art. 4); c) creación del Registro de Mediadores cuya constitución, organización, actualización y administración será responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación (art. 17).

  11. Proyecto de ley D-640/19 (14 MAR) prohíbe la exportación de minerales radioactivos, sus concentrados y sus derivados a los efectos de garantizar el abastecimiento interno para todo el período de vida útil de las centrales nucleares existentes y para las que se construyan a futuro (art. 1).

  12. Proyecto de ley D-642/19 (14 MAR) establece que la Comisión Nacional de Energía Atómica podrá efectuar prospección, exploración y explotación de minerales nucleares, quedando facultada para decidir la explotación o pase a reserva de los actuales yacimientos de minerales nucleares registrados a su nombre y de todos aquellos que pudieran detectare a través de futuros estudios en todo el ámbito del territorio nacional (art. 1).

  13. Proyecto de ley D-643/19 (14 MAR) prohíbe en todo el todo el territorio nacional la actividad minera de sustancias metalíferas en la modalidad a cielo abierto y con la utilización de toda sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa (art. 1).

  14. Proyecto de ley D-830/19 (20 MAR) autoriza expresamente al Estado nacional y a las Provincias a explotar y disponer de los recursos naturales (art. 1); declara de interés estratégico para el desarrollo nacional a la actividad minera (art. 2), y crea la empresa federal de minería bajo la denominación de Yacimientos Mineros Federales Sociedad Anónima (art. 3), la cual desarrollará su actividad en el marco de la política minera federal que la Nación y las Provincias concerten en el Consejo Federal Minero (art. 4).

  15. Proyecto de ley D-3030/19 (18 JUN) establece: a) creación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, única responsable de todos los planes nacionales relacionados a la exploración, extracción, transporte y refinación de hidrocarburos (art. 1); b) expropiación de los edificios, oleoductos, refinerías y tanques de almacenamiento afectados a la producción de hidrocarburos y de propiedad de empresas que ocupen a más de 100 trabajadores (art. 8); c) control obrero sobre la exploración, extracción, producción, refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos (art. 14); d) los yacimientos de hidrocarburos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio del Estado nacional (art. 26).

Origen en la Cámara Alta

  1. Proyecto de ley S-174/18 (21 MAR) excluye del régimen de la ley de hidrocarburos a las siguientes actividades: a) extracción de hidrocarburos mediante técnicas aplicadas en yacimientos caracterizados por la presencia de rocas de baja permeabilidad (estimulación no convencional); b) proyectos de producción en que se apliquen técnicas de recuperación mejorada del petróleo (producción terciaria); c) proyectos de producción que requieran tratamiento especial (petróleos extra pesados); d) proyectos de producción realizados costa afuera.

  2. Proyecto de ley S-176/18 (21 MAR) declara de interés nacional y estratégico la protección ambiental de los acuíferos, así como de sus áreas de carga y descarga, existentes dentro del territorio nacional. Crea el Inventario Nacional de Acuíferos. Prohíbe en las áreas en que se encuentren acuíferos la prospección, exploración y explotación minera metalífera y de uranio, y la captación de agua para ser utilizada en actividades hidrocarburíferas bajo cualquier modalidad de explotación.

  3. Proyecto de ley S-2117/18 (04 JUL) crea la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (YCF S.E.), la cual estará integrada por el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), su complejo ferroportuario con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, y la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (CTRT). YCF S.E. podrá tomar a su cargo la exploración y explotación de otros yacimientos de carbón, asfaltita, rocas y esquistos bituminosos, turbas y otros combustibles sólidos minerales cuando, a su juicio, ello resulte económicamente factible o sea conveniente a los altos intereses de la Nación.

  4. Proyecto de ley S-883/19 (16 ABR) establece: a) los yacimientos mineros o las minas son bienes del dominio público del Estado nacional o de los Estados provinciales según el territorio en el que se encuentren (art. 1); b) el Estado nacional o los Estados proviniciales pueden explorar y explotar minas e industrializar y comercializar el producto (art. 2).

  5. Proyecto de ley S-1644/19 (17 JUL) autoriza a toda persona humana o jurídica domiciliada en la República Argentina a solicitar permisos para explorar y explotar con fines comerciales minerales ubicados en el espacio ultraterrestre (art. 2) y al Poder Ejecutivo Nacional a suscribir acuerdos sobre cooperación en la exploración y explotación minera en el espacio con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras (art. 12).

  6. Proyecto de ley S-1881/19 (17 JUL) declara de interés nacional la explotación no convencional de hidrocarburos (art. 1) con el objeto de promover y desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento sustentable de las explotaciones y de las áreas urbanas correspondientes (art. 2), y crea el Consejo de Actividad Hidrocarburífera No Convencional (art. 3), que tendrá, entre otras, las siguientes funciones: a) realizar nueva infraestructura y adecuar la existente en las zonas de explotación; b) promover la actividad económica priorizando los desarrollos locales; c) realizar un relevamiento periódico de los datos migratorios de la zona.

  7. Proyecto de ley S-2470/19 (18 SEP 19) crea la Agencia Nacional de Energía (art. 1), la cual tendrá, entre otras, las funciones siguientes: a) concebir la elaboración y ejecución de la política energética nacional; b) entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos naturales en el área de energía; d) asistir en el diseño y ejecución de la política de hidrocarburos y otros combustibles en lo referido a sus etapas de exploración, explotación, transporte y distribución; e) asistir en la promoción y supervisión de la explotación racional de los recursos hidrocarburíferos y la preservación del ambiente; f) promover la utilización de nuevas fuentes de energía y la investigación aplicada a este campo (art. 3).

  8. Proyecto de ley S-2947/19 (13 NOV 19) declara de interés nacional y de importancia estratégica la explotación no convencional de hidrocarburos (art. 1) e instruye al Poder Ejecutivo Nacional a celebrar un convenio con las provincias productoras (art. 3) con, entre otros, los siguientes objetos: a) propender al autoabastecimiento; b) garantizar la estabilidad reglamentaria; c) impulsar el desarrollo social regional; d) realizar nueva infraestructura y adecuar la existente en las zonas de explotación, como así también proveer a su desarrollo y mantenimiento; e) coordinar la planificación de políticas energéticas a largo plazo; f) estimular el fomento coordinado de actividades de investigación científica y técnica (art. 4).