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Proyecto de ley 84746, elevado a 03 ABR 24 a la Honorable Cámara de Diputados, propone crear la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas, cuya función principal será percibir el informe anual del estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera, y el cumplimiento de las normas de preservación del agua y el ambiente.

La Cámara Federal de La Plata, mediante fallo de 21 MAR 24, ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 en cuanto deroga la Ley 26737, que fija en el quince por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión extranjera de tierras rurales, y crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, cuya función específica es llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranacional.

Mediante la Sentencia Interlocutoria 8 de 13 MAR 24, la Corte de Justicia ordena a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DiPGAM) la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera del litio en el Salar del Hombre Muerto y en el río de Los Patos, debiendo abstenerse los ministerios de Minería y de Agua, Energía y Medio Ambiente de otorgar nuevos permisos, autorizaciones o declaraciones de impacto ambiental en la zona hasta tanto se cumpla lo ordenado.

Proyecto de ley 16448 (29 FEB 24) propone crear el Observatorio del Valor Agregado Neuquino en la Actividad Hidrocarburífera (VAN), el cual tendrá por objeto el monitoreo, análisis y control del cumplimiento absoluto y permanente del principio de utilización plena y sucesiva de trabajadores y empresas neuquinas de provisión de bienes y prestación de servicios, tanto en la exploración, producción, transformación, acondicionamiento y transporte de hidrocarburos, como en la construcción y montaje de gasoductos y oleoductos.

Resolución 11/23 (BO 21623, 03 ENE 24), de la Secretaría de Minería y Energía, crea el Sistema de Información Minera de Salta (SIMSa), el cual deberá informar de manera integral y en forma periódica datos mineros de la provincia.

Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (BO 35326, 21 DIC 23) deroga la Ley 24695, que crea el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos, cuyo objetivo es relevar y procesar toda la información del sector, estructurar una red de información pública que permita al usuario un acceso ágil y eficiente a la base de datos, y editar al menos una vez cada tres años la información contenida en el sistema.

Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (BO 35326, 21 DIC 23) deroga la Ley 24523, que crea el Sistema Nacional de Comercio Minero, integrado por una base de datos y centros de información y consulta cuyo objetivo es la organización y archivo de los datos disponibles en los diferentes organismos y entes públicos, estatales o no, y los que aporten los usuarios del sistema, relativos a la oferta y demanda, interna y externa, de productos y subproductos mineros.

Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (BO 35326, 21 DIC 23) deroga la Ley 26737, que fija en el quince por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión extranjera de tierras rurales, y crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, cuya función específica es llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranacional.

Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (BO 35326, 21 DIC 23) modifica la Ley 22415 en el sentido de establecer que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá prohibir ni restringir las exportaciones o importaciones por motivos económicos, cuales son, entre otros, los que tienen por fin promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, y los recursos naturales o vegetales.

Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (BO 35326, 21 DIC 23) modifica la Ley 25877 en el sentido de considerar esenciales las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de combustibles y energía eléctrica, y de importancia trascendental las actividades mineras y de producción de bienes afectados a exportaciones, no pudiéndose negociar o imponer coberturas menores al setenta y cinco por ciento en el primer caso, y al cincuenta por ciento en el segundo.

Proyecto de ley D-422/23 (12 DIC 23) propone establecer que las acciones de la empresa YPF que el Estado haya adquirido por cualquier motivo, mecanismo o norma legal forman parte del patrimonio inalienable e impresciptible de la provincia, prohibiendo la venta de las mismas, así como su inclusión como garantía en cualquier tipo de operación financiera.

Proyecto de ley D-4657/23 (24 NOV 23) propone declarar de interés público nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados como recursos para la generación de energía eléctrica, y crear la sociedad del Estado denominada Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCFSE), a la cual se le otorgarán los derechos exclusivos de exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus derivados, y de generación de la energía producida a través de la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (CTRT).